Declaración de los derechos y deberes de los ciudadanos
1 Cada ciudadano es soberano. Coloca el bien común por encima de sus intereses personales. Renuncia a la violencia y confía el monopolio de la coacción al Estado. Los conflictos de intereses y opiniones se resuelven a través de intercambios pacíficos. La ley se aplica dentro del marco legal y por razones legítimas, debidamente comprobadas.
2 Las libertades son un todo indivisible: las libertades de pensamiento, religión, expresión, propiedad, donación, unión, reunión, creación, asociación, así como las libertades de recibir instrucción, trabajar, circular, intercambiar, contratar y emprender. Nadie puede ver su libertad limitada por la mera presunción de un comportamiento delictivo.
3 Los ciudadanos participan en la vida pública. Delegan su soberanía mediante elecciones. La ciudadanía y la participación en la esfera pública están definidas por la ley. Las elecciones políticas se deciden en el nivel más local posible. Los funcionarios electos se esfuerzan para conciliar lo que se desea y lo que es posible. Los partidos proponen orientaciones y seleccionan candidatos. Las encuestas tienen como objetivo de reunir a la mayoría de los ciudadanos para apoyar la acción común. El jefe de gobierno es responsable ante los funcionarios elegidos a nivel nacional. Las compensaciones debidas a los funcionarios elegidos no pueden ser consideradas como un salario que recompense un trabajo. Los profesionales de la información comprueban la veracidad de los conocimientos y las noticias que difunden.
4 El jefe de Estado encarna la unidad nacional y el respeto de la ley. La función principal del Estado es establecer las leyes. Los representantes no son la fuente absoluta de la ley. Su juicio es iluminado de manera contradictoria por expertos independientes, no conectados de ninguna manera con el poder. Las leyes son las mismas para todos. Sólo pueden prohibir los actos perjudiciales. La naturaleza de las penas está definida por la ley. Las penas son proporcionales a la gravedad de las infracciones. Nadie puede ser sometido a tortura o a tratos degradantes.
5 La justicia garantiza el cumplimiento de la ley. Los ciudadanos pueden solicitar una reparación judicial después de que los procedimientos de conciliación privada hayan fracasado. Los magistrados son independientes del poder político. El Estado garantiza la permanencia de sus funciones. Los empleos públicos son accesibles a todos. Nunca se mantienen de forma definitiva. Se atribuyen a las condiciones más ventajosas para el Tesoro. Los servicios públicos se abstienen de cumplir las tareas que los ciudadanos pueden realizar mediante la libre asociación. El uso común de la actividad puede justificar su financiación pública. Las ayudas públicas no implican la creación de un monopolio que restrinja la libertad de elección. Se conceden de forma transparente y de acuerdo con normas aptas para salvaguardar el interés de todos. El alcance de la utilidad pública está definido por la ley o por las asambleas territoriales correspondientes.
6 La redistribución de las riquezas comunes se realiza mediante la financiación de las cargas comunes. Tiene en cuenta la capacidad contributiva de cada ciudadano. El consentimiento de los ciudadanos a la imposición y al gasto público es a través de sus representantes. Los administradores de los fondos públicos están obligados a respetar un principio de economía. Se aseguran de equilibrar los gastos con los ingresos. Está prohibido dejar los gastos corrientes a cargo de las generaciones venideras.
7 El criterio de equidad en la repartición de las riquezas comunes es la parte que cada uno toma en su producción. Si la repartición, aunque sea justa, es tan desigual que amenaza la concordia, el Estado llena los vacíos en el sentido de la igualdad en virtud del principio de equidad. No se puede privar a nadie de un bien sin prueba de la utilidad pública y de una justa indemnización. Cuando las normas de equidad y justicia no bastan para garantizar la dignidad y una vida digna a cada persona, los ciudadanos deben prestar ayuda. Ayudar a los discapacitados es una carga común. Si alguien se ve privado de su libre albedrío por falta de sus facultades, la comunidad le proporcionará protección.
8 Cada individuo es el único propietario de su vida y el dueño de su destino. Los intereses privados permanecen confinados a la esfera privada. La confrontación de los intereses privados es a través de los contratos libres. La ley respeta la libertad de los socios en su apreciación del valor de los bienes intercambiados. La fijación de precios de los bienes, servicios y salarios está prohibida. Los empleados del gobierno están obligados a cumplir con el deber de confidencialidad. La defensa de los empleados del gobierno y de los empleados del sector privado está asegurada a través de debates internos de las organizaciones empleadoras.
9 Los ciudadanos se aseguran a través del ahorro y la solidaridad mutua contra las contingencias de la vida. La ley protege a la sociedad contra la miopía de demasiadas personas. El Estado garantiza el acceso a la atención sanitaria para aquellos que no pueden hacerse cargo de ella. La ley establece las condiciones en las que las personas válidas que se benefician de la ayuda pública son responsables ante la comunidad.
10 La democracia supone idealmente ciudadanos virtuosos. Las familias deben asegurarse de que sus hijos reciban una educación. Son libres de elegir la religión en la que desean que se eduquen. El estado fomenta el acceso general a la instrucción y a la comprensión de las reglas de la vida en una sociedad. No facilitará la tarea de los enemigos de la democracia.
Una declaración elaborada sobre la base del «Précis de la démocratie» de Jean Baechler, publicado por la Unesco en 1993.
