Modelo de Constitución nacional

Iluminados por la experiencia, los ciudadanos de (país) deciden poner fin a un largo período de prueba y error en el ámbito de las instituciones políticas. Ponen al gobierno bajo el control del parlamento y los tribunales superiores responsables de mantener los principios de la democracia.

Artículo primero

Los ciudadanos adoptan una constitución de acuerdo con los principios de la democracia. Eligen como símbolos de su república la bandera… …el himno nacional… …y el lema… El idioma oficial del país es…

Artículo 2

El Tribunal Superior de Justicia vela por el respeto de la Constitución y de la Declaración de las Libertades y Deberes del Ciudadano, que figura en el preámbulo de la Constitución y garantiza el carácter democrático del régimen. Está presidida, en su calidad de Jefe de Estado, por el Presidente de la República, que es el garante de la naturaleza de las instituciones. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia están elegidos por sorteo entre un grupo de magistrados superiores cooptados por sus pares, de acuerdo con un procedimiento establecido por la ley orgánica que rige la autoridad judicial y que son de la competencia del Tribunal Superior. El poder judicial está representado por un portavoz independiente del Gobierno.

Artículo 3

El Presidente de la República representa a la nación y a todos sus órganos constitutivos. Nombra al jefe de gobierno que es el líder de la mayoría parlamentaria que ha salido de las urnas. Promulga las leyes votadas por el Parlamento. Recibe las credenciales de los embajadores extranjeros. Nombra, a propuesta del gobierno, embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en países extranjeros. Representa al país a petición del gobierno en ceremonias oficiales. A falta de una clara mayoría en las elecciones legislativas, nombra a una persona capaz de formar el gobierno; después de tres intentos fallidos, disuelve la Asamblea Nacional y convoca nuevas elecciones.

Artículo 4

Los ciudadanos están representados por dos tipos de delegados nacionales. La Cámara Alta representa a los ciudadanos en el ejercicio de su poder constituyente. Sus miembros establecen las reglas del juego de la vida política de acuerdo con los principios establecidos en el preámbulo de la Constitución. Actúan por mayoría cualificada y siempre se esfuerzan por llegar a un consenso. En vista de la naturaleza de su función, los miembros de la Cámara Alta se denominan Sabios. Se eligen por sorteo entre un cuerpo de ciudadanos distinguidos de acuerdo con un procedimiento establecido por el Tribunal Superior de Justicia y validado por el Parlamento. Tienen un derecho de veto suspensivo antes de la promulgación de las leyes. Son asistidos por un panel de expertos que se expresan de manera contradictoria. Los Sabios eligen al Presidente de la República por un período renovable de siete años.

Artículo 5

El parlamento controla el gobierno y aprueba leyes ordinarias. Sus miembros son elegidos por cinco años por mayoría de votos en una sola ronda para asegurar que haya un gobierno mayoritario y una oposición unida lista para tomar el control. Deciden por mayoría simple. Convocados para períodos de sesiones anuales, ejercen sus funciones con exclusión de cualquier otro mandato electivo. Trabajan en un comité selecto y votan las leyes en sesión plenaria. El reglamento del parlamento es establecido por la Cámara Alta.

Artículo 6

El Primer Ministro, responsable ante el Parlamento, dirige la política nacional. Nombra a los miembros del gobierno y termina sus funciones. Preside el Consejo de Ministros. Él o ella establece la agenda del parlamento. Presenta a los miembros del Parlamento peticiones de legislación de acuerdo con un pliego de condiciones en el que se especifican los objetivos perseguidos y las deficiencias de la legislación vigente. Cesa en el ejercicio de sus funciones en caso de dimisión o después de un voto de censura por mayoría absoluta de los miembros. Tiene el poder de disolver el Parlamento después de consultar al Presidente de la República. Los ministros conservan su derecho de voto en el Parlamento y reanudan su actividad parlamentaria al final de su mandato.

Artículo 7

El presupuesto político de la nación es administrado por la Cámara Alta. Los oficiales electos a tiempo completo o parcial reciben un subsidio que les permite mantener su rango y llevar a cabo su misión. Los partidos y las campañas electorales son financiados por particulares en forma de donaciones o legados deducibles de impuestos. Los vales están disponibles para los ciudadanos con ingresos modestos. Los diputados tienen derecho a un subsidio diferencial, que se deduce del importe del impuesto sobre la renta que pagaban antes de asumir el cargo y que se les asigna a petición suya cuando el importe de sus ingresos supera su subsidio. Los miembros de la Cámara de Ancianos son compensados por sus gastos y pérdida de ingresos.

Artículo 8

Los diputados son asistidos por tres Consejos: el Consejo de Técnicos, el Consejo de Juristas y el Consejo de Auditores. Las leyes orgánicas que rigen el funcionamiento de cada uno de estos consejos son determinadas por la Cámara Alta. A petición del Primer Ministro se crean comisiones de investigación, altas autoridades de supervisión o regulación y otros observatorios públicos de interés común, que son validados por los tres Consejos reunidos en sesión plenaria. Su vida útil es limitada y puede extenderse. Sus miembros son nombrados a propuesta del Consejo de Técnicos por el comité competente de la Asamblea Nacional.

Artículo 9

El Consejo de Técnicos asiste al Parlamento en la preparación de los proyectos de ley. Sus miembros, ciento uno, son reclutados por sorteo entre profesionales e investigadores cooptados por sus pares en los principales campos de actividad. Cuando la naturaleza del proyecto lo justifica, establecen las especificaciones de los contratos públicos a los que se invita a las oficinas de experticia legislativa. Además de los expertos de su elección, escuchan a las personalidades nombradas por el gobierno y por los miembros del comité parlamentario. Después de haber tomado nota de las soluciones propuestas, los miembros del comité preparan los proyectos de ley. Sus elecciones son razonadas y cualquier opinión contraria se hace pública. Después del debate, el proyecto de ley se vota en la sesión plenaria.

Artículo 10

El Consejo de Juristas ejerce un control previo sobre la legalidad de las leyes y los actos públicos. Sus miembros son seleccionados por concurso o sorteados entre profesionales cooptados por sus pares. Es consultado para su opinión por los funcionarios encargados del control de la legalidad en las administraciones. Cuando un proyecto de ley se presume inconstitucional, por opiniones hechas públicas, el Consejo tiene un derecho de veto razonado y suspensivo, lo que lleva a una nueva votación en sesión pública.

Artículo 11

La Junta de Auditores ayuda a los diputados a supervisar el uso adecuado de las finanzas públicas y a evaluar los costos de la nueva legislación. Los auditores se seleccionan de entre los contadores y auditores colegiados cooptados por sus pares. Los diputados les piden que realicen análisis e investigaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos. Tienen acceso a los documentos públicos y están obligados a respetar la confidencialidad de la información que encuentran durante las auditorías de los organismos públicos o parcialmente financiados por el Estado.

Artículo 12

El Gobierno puede convocar al Parlamento en sesión extraordinaria estableciendo un programa específico. En el año siguiente a las elecciones legislativas, puede legislar por ordenanza sobre los proyectos de ley que prepare, previa autorización de la Cámara Alta. Se consulta al Consejo de Técnicos, al Consejo de Juristas y al Consejo de Auditores para que den su opinión.

Artículo 13

Las administraciones aplican las decisiones públicas. Sus agentes dependen de ocho ministerios principales: Justicia, Finanzas, Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Transporte/Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud/Asistencia Pública. Cada ministro es asistido por uno o más secretarios de estado. Los ministerios se dividen en departamentos autónomos responsables de la gestión de sus presupuestos. El Ministro nombra y despide a los jefes de las administraciones centrales. Estos se dividen en tantos organismos como sean necesarios para la gestión adecuada de los asuntos públicos. Llevan cuentas analíticas y de activos que muestran las deudas a corto, medio y largo plazo.

Artículo 14

Los funcionarios están reclutados sobre la base de un concurso y sobre la base de un expediente después de 10 años de experiencia profesional. Los empleados de la administración pública están sujetos al derecho común. Están obligados por un deber de reserva. Los directores de los organismos que los emplean son los únicos responsables de su gestión en el espacio público. Los representantes de sindicatos y grupos de presión tienen acceso a los foros públicos en el contexto de las audiencias a petición de los órganos y expertos consultados por las autoridades políticas.

Artículo 15

Las decisiones públicas se adoptan al nivel más pertinente. El reparto de las competencias territoriales es objeto de una ley orgánica sobre las colectividades locales dependiente de la Cámara Alta. El país tiene dos niveles de gobierno local, si la extensión del territorio lo justifica: un nivel local, que corresponde a las zonas urbanas y a las áreas de estar, con su tejido de comunas pequeñas y medianas; un nivel regional, en el que las provincias ejercen los demás poderes públicos, que no requieren una administración a nivel nacional. Los nombres y límites de las aglomeraciones, áreas de estar y provincias se deciden tras una posible consulta con los habitantes. Se preserva la identidad cultural de los municipios, las zonas de captación y las provincias.

Artículo 16

Cada autoridad local tiene una asamblea de representantes elegidos encargados de controlar el poder ejecutivo, que es distinto de la presidencia de dicha autoridad. Los delegados territoriales son elegidos por mayoría de votos en una sola ronda, a nivel de distrito o circunscripción. Se les exige que adopten presupuestos equilibrados mediante la recaudación de impuestos locales dentro de los límites establecidos por el Parlamento. Los delegados elegidos de los territorios en cuestión se encargan de la buena gestión de los servicios públicos cuya financiación administran. Administran localmente la asistencia pública financiada con fondos nacionales en nombre de los beneficiarios.

Artículo 17

Pertenecer a la comunidad nacional presupone la voluntad de compartir un destino común. Cuando una mayoría de las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea de un territorio remoto pide distanciarse de la República, sus delegados negocian con los delegados de la comunidad nacional las condiciones para la autonomía o la secesión. El compromiso es validado por un doble referéndum de los habitantes del territorio y los demás miembros de la comunidad nacional. Cuando las tres cuartas partes de los diputados nacionales solicitan que un territorio sea excluido de la comunidad nacional, la decisión es confirmada por un referéndum nacional.

Artículo 18

Pertenecer a la comunidad nacional presupone la adhesión a las reglas de la democracia, como se establece en el preámbulo de la constitución. Estas normas son objeto de educación cívica. Las minorías que no comparten ideales comunes tienen derecho a la libertad de expresión, pero no benefician de la asistencia pública ni de los foros para la educación de los ciudadanos. No participan en los debates electorales que les dan acceso al poder político.

Artículo 19

La Constitución puede ser revisada por iniciativa de la Cámara Alta, expresándose en virtud del poder constituyente de los ciudadanos, previo acuerdo del Parlamento por mayoría cualificada o, en su defecto, por los ciudadanos que decidan por referéndum. Las leyes orgánicas pueden ser revisadas a petición del Presidente de la República, del Tribunal Superior de Justicia, de un tercio de los diputados y de la asamblea plenaria de los Consejos del Parlamento.

Artículo 20

La pertenencia nacional a una Unión de Estados es posible si ésta propone como ley básica común las reglas de la democracia, que han sido enriquecidas por los últimos avances del conocimiento. Para tener pleno derecho a la condición de Estado, la nueva entidad debe proponer también un procedimiento de decisión colectiva por mayoría cualificada que permita a los Estados miembros adoptar posiciones externas comunes.